Desde el 2006, AMLO ha batallado con un grupo de empresarios, comunicadores, impartidores de justicia y políticos empeñados, primero, en evitar por todos los medios que llegara a la presidencia, y desde diciembre de 2018, que su desempeño como presidente fuera visto como desastroso. Así, una primera línea de trabajo utilizada fue interponer amparos para detener y desprestigiar sus programas, iniciativas legislativas y obras públicas estratégicas, así como la coordinación de los medios de comunicación electrónicos y la prensa escrita para intentar vulnerar, sin mucho éxito, la buena percepción con la que arribó al cargo de presidente.
Otra línea de acción fue la de activar a un buen número de impartidores de justicia para combatir las iniciativas de reforma constitucionales y legales necesarias para revertir las reformas neoliberales aprobadas durante los seis sexenios desde Carlos Salinas a Peña Nieto, esto con la colaboración plena de los parlamentarios del PRIAN, sin detenerse en violentar la función esencial del poder legislativo; otra tarea de los impartidores de justicia ha sido la de proteger a los operadores de delitos fiscales, revertir el congelamiento de cuentas sospechosas de lavado de dinero y, últimamente, la liberación de distintos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
Y la línea de trabajo en curso es la de promover el amarillismo más primitivo ante cada hecho violento que ocurre en el país para generar miedo en la población, sin detenerse en realizar los montajes que sean necesarios para vincular a AMLO, su familia y su equipo, con los narcotraficantes; además de movilizar a todos sus voceros para generar la percepción de que el gobierno de AMLO ha sido un fracaso en todas las materias.
En este contexto, el viernes 3 de mayo pasado en la conferencia mañanera el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó sobre cómo va el rescate de esa importante empresa estatal, y en uno de sus apartados documentó y denunció diversos actos de corrupción: una serie de contratos leoninos diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio como el de la empresa Ductos del Altiplano, que se comprometió a desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz para lo que sería necesario rentar un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó ni desarrolló, pero como Pemex rentó el ducto a un particular mediante contrato con una vigencia de 20 años, durante cinco años se pagó la renta a esa empresa, sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, por un ducto que nunca se utilizó. Al detectar el asunto la nueva administración suspendió el pago y se hicieron las denuncias correspondientes.
Otro caso: en 2015, Pemex y la trasnacional Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera una planta en un complejo procesador de Pemex con condiciones abusivas: se les regaló el espacio para que construyeran la planta, se les vendería la materia prima por debajo del precio de mercado, y Pemex compraría los productos finales a sobreprecio y pagaría las penalizaciones del contrato. La nueva administración detuvo esa aberración.
Un caso más: en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón, Odebrecht y Pemex firmaron un contrato por 35 años, con condiciones desventajosas para la empresa del Estado, además de que Pemex benefició a dicho consorcio con un descuento de 30 %, y del 100 % del flete y de 2015 a 2018, como no podía cumplir, Pemex pagó más de 2 mil 800 millones de pesos de multas y penalizaciones. Además, se refirió a los fraudes de empresas como Vitol, Glencore, Altos Hornos de México de Alonso Ancira y muchas más.
El director Romero señaló que además encontró una serie de contratos leoninos y pensiones vitalicias, como la de María Amparo Casar, presidenta de la asociación “Mexicanos contra la Corrupción”, a quien se le han entregado indebidamente recursos por más de 31 millones de pesos. Refirió que el caso inició cuando Carlos Fernando Márquez, entonces esposo de Casar y coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex. Su cónyuge María Amparo, que se desempeñaba como jefa de asesores de Santiago Creel, secretario de Gobernación, de inmediato solicitó a Pemex el pago del seguro, ayuda de gastos funerarios, pensión post mortem para ella y sus hijos. Todo, antes de que se emitiera el dictamen pericial. Los entonces directivos de la ex paraestatal le dieron trato de accidente de trabajo para aceptar lo demandado por Casar, siendo omisos ante el hecho de que la fiscalía de la CDMX dictaminó que la causa de la muerte fue suicidio. Informó que en febrero de este año presentó la denuncia correspondiente.
De inmediato el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió una investigación por la decisión del gobierno federal de hacer público el expediente que contiene la denuncia de Pemex por las anomalías en el otorgamiento de la pensión vitalicia y la indemnización a la familia de Casar, sin considerar que todos los indicios llevan que se cometió el delito de tráfico de influencias por parte de servidores públicos que dañaron el patrimonio público, lo cual debe comunicarse con transparencia.
Paralelamente, en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, el ejercito de voceros ha iniciado otra campaña contra AMLO por haber publicado los datos personales de los mencionados servidores públicos, sin referirse a que se cometió un delito patrimonial contra Pemex.
