Zacatecas, Zac. El gobernador David Monreal y todos los mandatarios estatales de México se han puesto de acuerdo y han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedirle que no toque la prisión preventiva oficiosa ya que el máximo tribunal de la nación está preparando varios proyectos que podrían modificar esta polémica figura de detención.
De acuerdo al escrito de las y los gobernadores, bajo la figura amicus curiae, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) entrego a finales del mes de abril una carta dirigida a la Ministra Norma Piña donde le solicitan que valore el impacto negativo que tendrían en la seguridad del país la modificación de la prisión preventiva oficiosa.
Para los mandatarios “Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias”,
De acuerdo al escrito firmado por los gobernadores, eliminar esta figura llevaría al colapso de los tribunales ya que tendrían analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La llamada “prisión preventiva oficiosa” se encuentra en nuestro marco legal en el artículo 19 de la Constitución y permite enviar a prisión a los acusados de un catálogo de 16 crímenes que incluye el homicidio, feminicidio, secuestros y hasta el robo dentro de una vivienda.
Es importante recordar que el 27 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que declaró la responsabilidad del Estado por someter a tres personas —Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López— a formas de detención intrínsecamente violatorias de derechos humanos. Entre otras medidas de reparación, la Corte IDH ordenó al Estado reformar su normatividad para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.
